El Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (OPPMSLP), celebra la decisión de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de validar por unanimidad la aprobación de las reformas a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.
El pasado 14 de mayo de 2019, el Senado de la República aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política, en el que se establece la obligatoriedad del principio de paridad de género en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, en los municipios de la entidad y en los Organismos autónomos. En los artículos transitorios, se señala que las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar reformas en su legislación para garantizar los procedimientos de elección, designación y nombramiento de sus autoridades, bajo el principio de paridad.
Desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres hemos dado seguimiento a los trabajos legislativos que realiza el H. Congreso del Estado, por lo que celebramos con dicha aprobación, nos estemos sumando al esquema de aprobación de 17 Congresos Estatales para que se haga efectiva la reforma constitucional federal.
Reconocemos que las demandas de la sociedad civil organizada para lograr una paridad sustantiva en los espacios de toma de decisiones, se estén viendo concretadas en la reforma constitucional federal en este 2019 en el que se cumplen 65 años de que por primera vez, se reconoció al derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
Quienes integramos el Observatorio nos mantenemos atentos a la aprobación para que San Luis Potosí se sume al esquema que garantizará el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres otorgando en todos los espacios políticos, condiciones de igualdad con los hombres.
Confiamos en que seguiremos encontrando con la participación de las y los legisladores locales no sólo el reconocimiento formal y jurídico de condiciones iguales, sino el impulso de leyes y políticas públicas que nos permitan eliminar barreras sociales, económicas, culturales y políticas que le han impedido a la mujer alcanzar la igualdad.